Héctor Cebolla Boado: Política de inmigración en España desde la crítica y el análisis progresista

España se sitúa ligeramente por debajo de la media de la UE en dos indicadores: el acceso a la nacionalidad y la adopción de medidas contra la discriminación. En el de acceso a la nacionalidad, MIPEX ofrece una imagen un tanto distorsionada de la realidad española, ya que computa como tiempo de residencia necesario para la naturalización el máximo de diez años exigido a los inmigrantes procedentes de países con los que España no tiene vínculos históricos. Sin embargo, el grueso de los extranjeros residentes en nuestro país procede de América Latina y tienen, por tanto, derecho a la nacionalización al cabo de dos años de residencia legal, un umbral muy ventajoso que, de haber sido tenido en cuenta de forma ponderada en función de la población que tiene este privilegio, colocaría a España muy cerca de la mejor práctica41. En el aspecto de las medidas antidiscriminación, MIPEX critica a España por no proteger con el mismo nivel de precisión a las víctimas de discriminación por origen nacional como en los casos en que se motiva por origen étnico, racial o religioso. Es de esperar que la futura ley para la igualdad de trato que en estos momentos se encuentra en proceso de elaboración corrija esta situación.
El resumen de esta fugaz comparación deja a España en muy buena posición, incluso suponiendo que haya sido un país rezagado en la reflexión sobre las medidas de integración, si lo comparamos con los otros grandes receptores de flujos migratorios. Esta regularidad no es siempre reconocida y merecería ser publicitada por las autoridades competentes. En otro orden de cosas, cabría recordar también que España tiene un sistema de acceso muy generoso (que merecería ser calificado de mejor práctica) al igualar a todos los residentes en el territorio nacional (independientemente de la regularidad de su residencia) para el acceso a los servicios sociales más importantes. Los planes de integración que han otorgado los municipios españoles no hacen referencia a la condición de irregular de algunos de sus residentes. En efecto, España es uno de los pocos países cuyo modelo de cohesión social está basado en la residencia y no en el estatus migratorio o en otros aspectos administrativos. Desde la perspectiva de la integración, a diferencia de lo que sucede en la rama de control de nuestras políticas de inmigración, la irregularidad es un concepto mucho menos problemático que en el resto de las grandes economías receptoras de flujos migratorios. La evaluación de la política de integración española queda incompleta si no se tiene en cuenta esta excepcionalidad que es el resultado combinado del esfuerzo de la administración central del Estado y de las administraciones autonó-micas y locales que gestionan estos servicios sociales...Read more